viernes, 10 de diciembre de 2004

Editorial - DIARIO LA NACION Los derechos de los niños


Editorial  - DIARIO LA NACION 

Los derechos de los niños

Más de una vez nos hemos referido desde estas columnas al caso de los hijos de Gabriela Arias Uriburu, a los que su padre se llevó a Jordania desde Guatemala hace ya siete años. La larga lucha judicial, planteada desde todos los ángulos, culminó con la sentencia de la Corte de Apelaciones jordana, que reconoce los derechos de la madre en cuanto a la custodia de los niños, pero no admite que éstos salgan de Jordania.

Se advierte claramente el choque de dos culturas diferentes: para los argentinos, las nociones de que el tribunal competente es el domicilio de los niños, las pautas impuestas por la Convención de La Haya que establecen que lo primero es devolver el niño a su jurisdicción, el respeto a los derechos de tenencia y visita, entre otros, son indiscutibles. Esta concepción se enfrenta con un criterio jurídico-religioso que entiende, desde una óptica completamente diferente, que más allá de todo eso la mujer se encuentra sometida al hombre, y por ende, si el padre reside en su país, la madre no puede llevar a sus hijos al domicilio que ella elija, aunque fuese el de la pareja al tiempo del matrimonio o del último domicilio conyugal, o el de la separación.
La larga lucha de esta madre, que entre 1998 y 2001 tuvo sólo cuatro esporádicos encuentros con sus hijos, y siempre en Jordania –el primero de ellos logrado por un acuerdo entre gobiernos–, mereció siempre el apoyo de nuestro país, al punto que el tema de la protección de la niñez, en el marco general de la Convención de los Derechos del Niño, se convirtió en una auténtica política de Estado. Así, las gestiones fueron ininterrumpidas durante los gobiernos de Menem, De la Rúa y Duhalde, y son continuadas ahora por Kirchner y el canciller Bielsa.
Cuando parecía que el conflicto de derecho no tenía una fácil solución por las razones antes expresadas, el gobierno de Duhalde tomó una resolución trascendente: envió una carta al rey Abdulah II y designó al juez Carlos Antonio Romano con el cargo protocolar de emisario presidencial y embajador ad honórem en cuestiones de Estado relativas a la niñez, para la promoción de acuerdos internacionales en la materia. El magistrado inició una gestión superadora del conflicto que tendía a perpetuarse, colocando al niño como verdadero sujeto de los derechos humanos en juego, muy por encima de los de sus padres en conflicto. A la vez con la aspiración de que los Estados se hagan responsables del cumplimiento de dichos derechos de los niños, sujetos directos de derecho frente al Estado y a la humanidad.
Sobre esas bases tomó contacto con el juez supremo de todas las cortes islámicas, cargo que reúne la máxima autoridad judicial a la vez que religiosa, a la par de ser el consejero espiritual del rey Abdulah II. De esta provechosa relación y mutuo entendimiento personal surgió la posibilidad de trabajar sobre acuerdos que –teniendo al niño por sujeto y norte y a su interés como primera prioridad interpretativa– coloquen a los Estados como responsables de estos derechos humanos del niño. Muy especialmente en estos casos de hijos de matrimonios interculturales, donde hay que privilegiar valores como la hospitalidad, tan cara al sentir musulmán, la infancia, los vínculos y la identidad cultural. Surgió también la necesidad de realizar un trabajo interdisciplinario, que sobrevuele el conflicto de los padres para centrarse en el niño, en sus derechos humanos esenciales: tener contacto con ambos progenitores y sus respectivas culturas. En todos los casos los Estados asumirán el papel y la responsabilidad de salvaguardar esos derechos, asociándose con sus pares de las regiones y el mundo, y promoviendo convenios que asocien a otros Estados de distintos contextos culturales y religiosos.
En el día que se conmemoran los derechos humanos, se debe rescatar esta valiosa iniciativa, por lo mucho que implica de progreso y respeto entre los pueblos, en aras de la protección de los niños, que debieran estar siempre sujetos a derechos superiores a toda norma legal, derechos que, como se dice en la Antígona de Sófocles, "están escritos en las estrellas".